Publicado por 
En entrevista vertida a los medios, el diputado Iván Zerpa, confirmó que el proyecto de ley presentado por la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no será discutido momentanéamente, en respuesta a una versión que sugería que la discusión se iniciaría el día martes 4.
Zerpa mencionó que la comisión respectiva a cargo del área no ha discutido ningún tema en esa dirección y que la presencia de la fiscal ante la Asamblea Nacional no supone su capacidad de iniciar la discusión de una legislación que no sea la relativa al Ministerio Público.
La Asamblea Nacional manifestó hoy que la Fiscalía General de la República no posee poderes legislativos, razón por la cual se dejó en suspenso la Ley de Delitos Mediáticos, propuesta por la fiscal general Ortega.
Zerpa, quien es el secretario del parlamento, reflexionó que el despacho comandado por Ortega, “no tiene iniciativas legislativas”; de manera que no se aprobó que la normativa propuesta por ella sea abordada en el seno de la Asamblea.
Zerpa se dirigió a varios medios de comunicación, ante las informaciones que éstos publicaran, afirmando que se comenzaría a debatir la norma presentada, frente a lo cual ella misma calificó como “nuevas formas de criminalidad surgidas como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión”.
FAMOSA INCURSION EN LOS MEDIOS DE ZERPA
El mes de enero pasado, el secretario del parlamento Zerpa, prohibió a los canales privados nacionales la transmisión desde la AN, luego que Globovisión sorprendiera el diputado Hugo Márquez observando imágenes relacionadas a una correspondencia electrónica de cáncer de mamas.
En su extensión del tema, Zerpa declaró entonces que “debido al mal manejo y la tergiversación de las realidades de lo que ocurre en el recinto de la AN, exponiendo a la institución al desprecio público se implementarán algunas medidas, pero recalcó que el carácter público de la sesión no se perderá, porque los canales transmitirán desde la señal en vivo de ANTV.
Esta decisión impactaría a los camarógrafos. Los periodistas continuarán haciendo su trabajo desde el palco de prensa del hemiciclo.
Zerpa continuó “en ningún caso se está irrespetando la libertad de expresión o la actividad de los reporteros dentro del Palacio Federal Legislativo. El desplazamiento de los periodistas será como de costumbre, podrán hacer sus entrevistas a los diputados fuera del hemiciclo como siempre lo han hecho”.
| HAY O NO HAY CONSENSO El diputado Angel Rodríguez había informado a los medios que la AN daría prioridad a la discusión de la propuesta ley contra Delitos Mediáticos, según una nota emitida por ABN.
El presidente de la comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional (AN), diputado Ángel Rodríguez, aseguró que el parlamento venezolano dará prioridad a la discusión de la propuesta de Ley contra Delitos Mediáticos, presentada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Explicó que en Venezuela, los medios de comunicación privados mantienen una campaña de desinformación, destinada a desarticular la conciencia de la población, con respecto al proceso de transformación social impulsado por el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Apuntó que esta estrategia mediática, promovida por la oligarquía y el imperio, “es parte de esa guerra de cuarta generación, donde los medios de comunicación son la punta de lanza de todo el proceso de aniquilamiento de las transformaciones, que vienen ejecutando los pueblos”. El legislador precisó que “tenemos que aprobar la Ley contra Delitos Mediáticos en el menor tiempo posible, para que exista una legislación que evite la perturbación, la enfermedad y la angustia, que genera en el pueblo venezolano, una campaña intencional acompañada de falsedades y mentiras”. En este sentido, destacó que acompañan las decisiones emanadas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), las cuales aseguró buscan la democratización del espectro radioeléctrico nacional. Afirmó que no se trata de una retaliación política, contra los dueños de las 34 estaciones de radio y televisión cuyas concesiones fueron anuladas, sino el resultado de la aplicación de la legislación por parte del Estado venezolano. DECLARACION EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Los firmantes, Decanos de Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, Miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de la Directiva de Colegios de Abogados, nos consideramos obligados a hacer público nuestro firme rechazo frente a las últimas medidas contrarias a la libertad de expresión adoptadas o anunciadas por órganos del poder público. 1.- Repudiamos que una alta autoridad del Estado, llamada por la Constitución a velar por el respeto de los derechos humanos en los procesos judiciales, proponga condicionar un derecho esencial a la democracia como la libertad de expresión. En momentos en los que la Constitución y los derechos humanos están siendo cercados por instancias oficiales en virtud, entre otras causas, de la negación del pluralismo político y de la restricción abusiva de las libertades, el Ministerio Público propugna un texto normativo que representaría, de ser aprobado, un estado de sitito permanente para la libertad de expresión, ello a pesar de que de acuerdo con la Constitución la libertad de información ni siquiera con ocasión de un estado de excepción puede ser suspendida o restringida. 2.- El denominado Proyecto de Ley especial contra los Delitos Mediáticos criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión e información, cuando se difundan mensajes que, entre otros supuestos, puedan ser calificados como no veraces y causantes de intranquilidad pública, zozobra o “sensación de impunidad o de inseguridad”, a juicio de los órganos de un Estado que no deja espacios legítimos para la crítica pública ni para la divulgación de informaciones corroboradas que pongan de manifiesto deficiencias en el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades. 3.- Dicho proyecto o propuesta subordina la libertad de expresión a intereses genéricos e indeterminados del Estado, hasta tal punto que ésta sería despojada en la práctica de su carácter de derecho humano, en la medida en que su ejercicio se condicionaría a la no afectación de sensaciones colectivas o intereses del Estado libremente interpretados por instancias que pasarían a ser censores. Un pretendido sosiego o tranquilidad comunicacional nacido de la censura oficial se contrapone absolutamente al libre flujo de opiniones e informaciones propio de una democracia. 4.- El reciente cierre de más de treinta emisoras de radiodifusión por orden de CONATEL, sin observar las garantías del debido proceso e irrespetando la protección constitucional de la confianza legítima y de la seguridad jurídica, confirma la política de ocupación ideológica del espectro radioeléctrico adelantada por el gobierno. Invocando artificios seudolegales, dicho órgano regulador ha sacado del aire a emisoras que no se habían plegado a la hegemonía política gubernamental. CONATEL incurre en el error de colocar sus facultades administrativas en el ámbito de las telecomunicaciones, que están siendo ejercidas a destiempo, por encima de la libertad de expresión, con lo cual vulnera abiertamente el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional en Venezuela y prohíbe el empleo de las potestades de control de las frecuencias radioeléctricas para restringir la libertad de expresión. Lo más grave es que CONATEL actúa como si el espectro radioeléctrico fuese un bien de la propiedad del gobierno de turno o, peor aún, de una parcialidad política. La democratización del espectro radioeléctrico no puede obtenerse cercenando el pluralismo. 5.- Es previsible el efecto inhibitorio o de autocensura de estas decisiones, como también el que acarrearía la aprobación del denominado Proyecto de Ley especial contra los Delitos Mediáticos. Hacemos un llamado a los distintos sectores sociales para reaccionar cívicamente, dentro del marco constitucional y legal, contra estas acciones o propuestas dirigidas a reducir aún más las posibilidades de disfrute de los derechos civiles, a la vez que exhortamos a los órganos del Estado a abandonar la senda de la erosión de la institucionalidad y a abrir los caminos de un diálogo plural centrado en los supremos principios y valores constitucionales. Dr. Román Duque Corredor. Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Jesús M. Casal. Decano Facultad de Derecho UCAB Ramón Crazut. Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UCV Diana Romero La Roche. Decana Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas LUZ Juan José Ramos. Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad de Carabobo Rogelio Pérez Perdomo. Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Unimet Eugenio Hernández-Bretón. Decano Facultad de Derecho Universidad Monteávila Jorge Rosell Miembro del Consejo de la Federación de los Colegios de Abogados de Venezuela y Presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara. También respaldan la declaración: Raúl Arrieta (UCV) Mirian Rodríguez Reyes (Unimet) Angelina Jaffe (Unimet) Liliana Fasciani (UCAB) Siguen firmas… Información compilada a través de diversas fuentes |
