No trascendió mucha información que le permitiera a los medios conocer el entramado que se teje alrededor de la detención del estudiante carabobeño Julio César Rivas, de 23 años.

Los funcionarios de la BAE se mantuvieron herméticos y poco fue lo que se logró filtrar. Sin embargo, en Valencia, estudiantes relacionados con Rivas, advierten que la retaliación del gobierno puede alcanzarlos a ellos.

En una convocatoria a la prensa y en representación del afectado movimiento estudiantil del estado Carabobo, la presidenta del CU de la escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, Andrea Velandia, denunció los planes del gobierno para privar de su libertad a una lista de cuatro estudiantes, quienes formarían parte de una lista más extensa de 33 potenciales implicados en disturbios y manifestaciones antigubernamentales en todo el país.

Según se desprendió de sus declaraciones en Valencia, Velandia, confesó conocer que “hay abierta 33 órdenes (de captura) contra estudiantes en el país, cuatro en Carabobo, y es por eso que reiteramos que el movimiento estudiantil carabobeño y venezolano está unido y fuerte en pie de lucha ante esta situación”, detalló.

En sus declaraciones compartidas en la sede de la FCU, en el campus de Bárbula, Velandia se hizo acompañar de Iván Uzcátegui, presidente de la FCU de la UC y quien fue testigo presencial de los atropellos sufridos por Rivas durante su arresto por efectivos de la CICPC en su residencia de Valencia; Mauro Montero, quien es el presidente adjunto de esa federeación y Sara Hanna, del CU de la facultad de Odontología.

Mientras se extendía en sus explicaciones, Velandia mencionó que desde hace varias semanas, efectivos de la CICPC y funcionarios quienes se identifican como miembros de la Disip, sostienen una persecusión sistematizada contra los once estudiantes, entre ellos Rivas, detenidos en Valencia el pasado día 18 de agosto, por pintar consignas antichavistas en edificaciones gubernamentales.

Asimismo, los dirigentes estudiantiles carabobeños manifestaron su solidaridad a Julio César Rivas y exigieron el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, además del fiel cumplimiento de las garantías constitucionales.

Finalmente, expresaron que continuarán informando, marchando y protestando pacíficamente contra la Ley Orgánica de Educación y “todo aquel proyecto que sirva como instrumento del régimen para adoctrinar, tergiversar, polarizar y cercenar los derechos de los venezolanos”.

RIVAS RECLUIDO EN LA BAE

La audiencia de presentación de Julio César Rivas, estudiante carabobeño detenido el pasado fin de semana por la presunta comisión de hechos violentos durante la marcha realizada el 22 de agosto en contra de la Ley Orgánica de Educación (LOE), no se realizó.

Gonzalo Himiob, abogado de la defensa, explicó que la razón que esgrimió el tribunal Trigésimo Séptimo de Control de Caracas para no llevar a cabo el acto procesal es que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, no había notificado de la detención, y que en consecuencia no podían seguir con el procedimiento.

Denunció que al dirigente estudiantil se le mantiene incomunicado y se le ha negado el derecho a la defensa. Rivas fue trasladado desde el Palacio de Justicia hasta la sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE), donde estará recluido temporalmente.

Se espera que la audiencia se realice hoy, pues se cumple el lapso de 48 horas que el Código Orgánico Procesal Penal establece como máximo para la presentación después de la detención, plazo que según la defensa vence a las seis de la tarde.

Mucho menos preciso fue el Ministerio Público, que en una nota de prensa señala que será en las “próximas horas” cuando presente al estudiante de la Universidad Alejandro de Humboldt de Carabobo, detenido la noche del lunes en la urbanización El Trigal, Valencia.

En el escrito la fiscalía señala que “de acuerdo con imágenes transmitidas a través de un canal de televisión, se observaron personas que participaban en la marcha de la oposición contra la LOE, rompiendo las barras de seguridad y lanzando objetos contundentes a los funcionarios de la Policía Metropolitana, quienes activaron los mecanismos de rigor para restablecer el orden público”.

La nota no indica cuáles son los delitos que se le imputan a Rivas, sólo señalan que “los fiscales 20° y 6° nacionales y la 20° del Área Metropolitana de Caracas, Daniel Guédez, María Alejandra Pérez y Daisy Bolívar, respectivamente, imputarán a Rivas Castillo por la presunta comisión de delitos previstos en el Código Penal“.

Explican además que por estos mismos hechos se encuentra detenido el prefecto de Caracas, Richard Blanco, quien fue imputado el pasado 29 de agosto por presuntamente incurrir en los delitos de lesiones graves e instigación a delinquir.

Los cargos son instigación a la guerra civil, incitación para delinquir, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, daños materiales y uso de arma genérica, según el director del CICPC, Wilmer Flores Trosel.

Una historia de protestas Rivas, quien es director de la organización Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) y representante en Latinoamérica de Otpor, un movimiento de resistencia sin violencia de origen yugoslavo, ha sido protagonista del rechazo a las medidas ejecutadas por el gobierno. El 18 de agosto fue detenido junto a otros 10 estudiantes por “grafitear” las paredes de la Policía Municipal de Valencia, situadas frente a la plaza Bolívar de esa ciudad industrial, con mensajes en contra de la LOE.

Por este hecho tiene una medida cautelar de régimen de presentación cada 60 días.

Información compilada por diversas fuentes