El arresto del líder estudiantil, Julio César Rivas, el cual derivó a su traslado a la cárcel del Rodeo I, debido a imputaciones que causaron mayúscula sorpresa en la opinión pública nacional, será expuesto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, por lo que sus abogados defensores consideran una serie de violaciones flagrantes al debido proceso al que tiene derecho el joven carabobeño.

La decisión que tomó un tribunal de iniciar un juicio al dirigente estudiantil Julio César Rivas, quien fue imputado de seis delitos entre los que se incluye “excitación a la guerra civil” e “instigación a la desobediencia de leyes”, generó críticas de opositores que comienzan a sentir el acelerón del gobierno izquierdista del presidente Hugo Chávez Frías, hacia la disminución de espacios de expresión a la disidencia y a la persecusión judicial a quienes adversan su régimen, sin importar su tamaño.

Rivas, de 22 años, quien es la cabeza visible del movimiento Juva, fue enviado a la cárcel de El Rodeo I, después de ser arrestado en la ciudad de Valencia por efectivos del CICPC. Rivas un estudiante, cuyas acciones de voluntariado en cárceles y hospitales del estado Carabobo es conocido por su férrea oposición al régimen del presidente Chávez, al cual acusa de sembrar el hambre y despilfarrar el dinero de los venezolanos en sus aventuras comunistas y de líder suprarregional, le fue ordenada su reclusión junto a presos acusados de delitos mucho mayores como el robo, secuestro, narcotráfico y homicidio.

El abogado Alfredo Romero, defensor ad honorem de Rivas, se reunió con los medios para intercambiar expresiones sobre el caso, aprovechando la oportunidad de advertir que esta situación irregular será denunciada con fortaleza ante la CIDH, por distintas violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por la fiscalía cuando mantuvieron incomunicado a Rivas durante 15 horas, posterior a su arresto.

El repudio de la opinión pública a tales acciones se ha generalizado al ver la mano dura del gobierno nacional que cae sobre la oposición mientras acciones de grupos violentos afectos al gobierno, como las dirigidas por Lina Ron, contra el canal de noticias Globovisión, y los ataques y amenazas contra empresarios de medios e individuos opositores recibidas por los llamados grupos colectivos “Alexis Vive” y “La Piedrita” de Valentín Santana, permanecen presumiblemente sin imputados o acción judicial alguna.

Durante su exposición a los medios, el abogado Romero expresó que a Rivas se le “violó” el derecho a ser juzgado en libertad, alegando riesgo de fuga y se le imputó basado en un vídeo que se difundió en un programa de la televisora estatal que es feroz crítico de la oposición. “Las pruebas que se plantean son las pruebas dirigidas por el conductor del programa de La Hojilla”, concluyó.

DETENIDOS EN PROTESTAS HAN INCURRIDO EN DELITOS PREVISTOS EN CODIGO PENAL

“Producto de las manifestaciones realizadas en los últimos días, han resultado privadas de libertad 15 personas por conductas tipificadas en el Código Penal y concebidas como delitos, en los cuales han incurrido estos ciudadanos”, expresó este jueves la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.

De esta forma, Ramírez desmintió los señalamientos de voceros de la oposición que han intentado hacer ver que en Venezuela se ha criminalizado la protesta pública.

Indicó que estas personas no han sido detenidas por manifestar en público y su aprehensión nada tiene que ver con el derecho a la protesta, “el cual está consagrado en la Constitución Nacional y debe ser respetado y garantizado por los órganos del Estado”.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la juramentación del Consejo de Derechos Humanos en la comunidad Rómulo Gallegos, en Cagua, municipio Sucre del estado Aragua.

Ramírez indicó que desde la Defensoría del Pueblo se han vigilado las aprehensiones y los detenidos están sujetos a un debido proceso, “pero la matriz de opinión y la campaña persiguen socavar la capacidad del Estado de preservar la paz”.

“Si el Estado pierde la capacidad de neutralizar estos focos de violencia, estaríamos promoviendo el desbordamiento de la violencia, por lo que hago un llamado para que se expresen las voces disidentes y se eleven las críticas dentro del marco de la paz”, refirió.

Reiteró que la paz “es el respeto al derecho de los demás ciudadanos y es así la forma como podemos y debemos pronunciarnos en democracia, sistema de gobierno que dispone de los recursos, como para buscar los caminos de la violencia para elevar nuestra voz”.

Información compilada de diversas fuentes