Muy a pesar de la firmeza del presidente Luiz Inacio Lula Da Silva solicitando la restitución del depuesto presidente, José Manuel Zelaya Rosales, a la primera magistratura de Honduras, las críticas a la intromisión de Brasil en asuntos internos de ese país, sigue generando intensa polémica en altas esferas del palacio Itamaraty.

En tales círculos, se acusa profusamente la ingenuidad con que la diplomacia brasileña permitió la aplicación de un plan orquestado por el mandatario izquierdista venezolano, Hugo Chávez Frías, para reinsertar al derrocado ganadero presidente, involucrando “ingenuamente” a la diplomacia brasileña en el ojo de un inesperado huracán.

Asesores del presidente brasileño Lula da Silva y de la cancillería consultados por el diario O Estado de Sao Paulo, apuntaron que la “infraestructura, la logística y la orientación para buscar específicamente la embajada brasileña” para el retorno clandestino de Zelaya fue preparada por Chávez.

La inesperada irrupción de Zelaya en la legación diplomática de Brasil ha causado un conflicto inédito y difícil de resolver, pues no hay una situación técnica de asilo ni de refugio y la embajada, con su embajador retirado desde el comienzo de la crisis política en ese país centroamericano, ha quedado en el centro del conflicto.

Los asesores manejan la información de que Zelaya fue orientado por Chávez para pedir refugio específicamente en la embajada brasileña, debido a que era el lugar “más seguro”, pues el presidente Lula “está al frente de las presiones para que el poder le sea devuelto al depuesto presidente”.

Brasil, Estados Unidos y Chile, entre otros países, exigen que el gobierno de facto, de Roberto Micheletti, negocie con Zelaya, amparado en la gestión como mediador del presidente costarricense, Oscar Arias.

Se calcula que cien personas, entre familiares y simpatizantes de Zelaya, están dentro de la embajada brasileña.

El miércoles, la cámara de Diputados de Brasil aprobó el envío de una misión parlamentaria a Honduras, integrada por congresistas de la base aliada y la oposición, quienes coinciden que el asunto debe ser tratado con delicadeza.

Muchos políticos opositores a Lula Da Silva, han calificado de hipócrita la actitud del gobierno brasileño ante la crisis hondureña, buscando participar como mediador cuando rompió relaciones con ese gobierno al conocerse el derrocamiento de Mel Zelaya.

El desplazamiento, sin embargo, afronta dificultades por el cierre de los aeropuertos hondureños por los brotes de violencia y la necesidad de un salvoconducto del congreso de Honduras para permitir la entrada de la misión, puesto que Brasil rompió unilateralmente las relaciones diplomáticas con ese país.

El periódico apuntó que la cancillería brasileña le pidió “oficialmente” a Zelaya abstenerse de hacer declaraciones de incitación política mientras permanezca en la sede diplomática.

PARA SECTORES EN EEUU DERROCAMIENTO DE ZELAYA ES LEGAL

Un estudio elaborado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos halló que la destitución de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras fue legal y apegada a la Constitución.

El informe, divulgado por el congresista republicano Aaron Schock, sin embargo también sostiene que la expulsión de Zelaya del país no fue constitucional.

“En resumen, uno de los fundamentos de la comunidad mundial es el respeto a las leyes internacionales”, dijo Schock en un comunicado. “El Servicio de Investigaciones del Congreso, una agencia apolítica, concluyó que la destitución del ex presidente Zelaya fue constitucional y debemos respetar ese hallazgo. Es inaceptable que nuestro gobierno trate de obligar a Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda extranjera”.

Schock recomendó reanudar la asistencia estadounidense e internacional a Honduras, reanudar las visas de funcionarios hondureños, cooperar con el gobierno hondureño al enviar observadores para las elecciones de noviembre, y reconocer la legitimidad de tales comicios si se celebran de manera justa e imparcial.

Debido a que el informe también sostiene que la expulsión de Zelaya del país no fue constitucional, Schock recomendó que el gobierno hondureño permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su derrocamiento fue castigo suficiente por las medidas que él tomó y que llevaron a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía general para todos los involucrados en su destitución.

Schock sostiene que como ciudadano privado, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.