El gobierno nacional insistió en rechazar la visita de una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, mientras Santiago Cantón sea su secretario ejecutivo, retiteró el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega. 

Reiterando lo que parece ser una expresión grabada para su reproducción a los medios, Ortega, mantuvo que la CIDH no será aceptada. “Para Venezuela es un problema de principios, pues este señor y la OEA apoyaron la dictadura de Pedro Carmona, después del golpe del año 2002.”

Como es del conocimiento público, más de 150 estudiantes universitarios mantuvieron una huelga de hambre por sobre 155 días buscando comprometer a la OEA, por medio de la CIDH, para que constaten los atropellos organizados por el gobierno del presidente izquierdista, Hugo Chávez Frías.

Sin embargo, José Miguel Insulza, secretario de la OEA, preocupado por la huelga de hambre de los jóvenes estudiantes, aclaró que tal visita debe autorizarla el gobierno de Chávez.  

Según y como se sucedieron los eventos que precedieron la última visita de una misión de CIDH a Venezuela, en mayo del 2002,  para analizar la situación presentada por lo que posteriormente el TSJ venezolano declaró como vacío de poder en el gobierno del presidente Chávez, registrado un mes antes y en la cual se nombró al empresario Pedro Carmona, como mandatario interino. Carmona se encuentra actualmente refugiado en Colombia. 

El informe causó disgusto al gobierno porque, según la versión oficial, no condenó expresamente el golpe, lo cual llevó a no autorizar nuevas visitas. 

En otro orden de ideas, el gobierno ha rechazado la versión de los “presos políticos” y ha explicado que la responsabilidad que acarrea infringir el Código Penal no puede evadirse alegando una persecución por motivos políticos. 

En esa línea se pronunció hoy Ortega quien dijo que los presos de la justicia ordinaria no son políticos y que las personas detenidas tienen un proceso en tribunales con todas las garantías constitucionales.