Como consecuencia del esfuerzo que organizaciones ambientalistas privadas han emprendido en México y preponderantemente en la capital, el gobierno de la Ciudad de México ha ilegalizado el uso de bolsas plásticas no-biodegradables en supermercados y otros negocios detallistas.

La ordenanza municipal advierte contra el uso de las bolsas plásticas no biodegradables en los negocios detallistas que funcionan a lo largo y ancho del área metropolitana del Distrito Federal.

Ahora la obligatoriedad radica en el posicionamiento de productos en bolsas plásticas que hagan alguna mención a sus características biodegradables en un sector legible de la bolsa.

Esta ley impacta a detallistas, productores y proveedores de servicios y convierte a Ciudad de México en la segunda ciudad del hemisferio occidental en aplicar una ley similar, despues de San Francisco, en el estado de California.

Esta movida del gobierno de la gigantesca y muy contaminada urbe, sigue un número de iniciativas organizadas con aporte de organizaciones privadas no lucrativas, que exponen sus trabajos en materia ambiental buscando mejorar la calidad de vida del poblador del DF. Entre estas iniciativas se cuentan la implementación de rutas de transporte público masivo con la incorporación de buses con mínima emisión de dióxido de carbono, paralelo a un programa de estímulo al uso de la bicicleta en rutas de corta y mediana distancia dentro del perímetro de la ciudad.

A pesar del posible alto riesgo que la puesta en marcha de este servicio presentaría a los pedalistas de la Ciudad de México, el esquema de la renta ha sido implementado con éxito en ciudades como París, Hong Kong y Vancouver, en Canadá, las cuales se basan en el alquiler de estos vehículos por horas o días, en recorridos que usualmente transcurren de los hogares de los usuarios y hasta sus sitios de empleo.